La elección de la ropa de trabajo considerada como equipo de protección es una facultad del empresario en este país, si bien la ley no regula expresamente la manera en que los empleados han de ir vestidos al trabajo, pero sí que permite establecer códigos de vestimenta como parte de las políticas internas de la empresa. Pero la imposición del vestuario de la empresa tiene unos límites y no pueden vulnerar los derechos del trabajador, y reconocidos en la Constitución, como el derecho a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación por razón de sexo o religión.